El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
El director del Isssteson, Pedro Ángel Contreras López nos platicaba ayer de la grave situación en la cual se encuentra ese instituto y lo cercano que se encuentra de llegar a la insolvencia financiera, como ya sucedió en Baja California con Issstecali que se declaró en quiebra.
Contreras López identifica varios focos rojos dentro de la institución que se convirtieron en la amenaza latente para caer en bancarrota:
1.- Los ingresos de los derechohabientes en nómina –que son 60 mil personas—no alcanza para pagar la nómina de los pensionados. Mensualmente el ingreso producto de las aportaciones y cuotas suma 212 millones de pesos, pero la nómina de los 15 mil jubilados y pensionados asciende a 270 millones de pesos mensuales, ese diferencial representa 650 millones de pesos al año que son subsidiados por el Gobierno de Sonora tomándolo directamente del gasto corriente.
El problema se agrava por la sencilla razón de que esa diferencia crece de manera exponencial anualmente y para el 2019 la cifra llegará a 826 millones de pesos. La proyección de pagos para el 2024 es de 2 mil 300 millones de pesos.
2.- Cuando el gobierno de Guillermo Padrés no aportó las cuotas a Isssteson, la dirección de la institución determinó cubrir la nómina con el fondo de pensiones, al grado que se “comieron” 2 mil 30 millones de pesos y dejaron en el Fondo de Pensiones 88 millones de pesos, cantidad que se mantiene de manera constante pero que resulta insuficiente para atender.
Desde el 2015, el gobierno actual no ha dejado de pagar las aportaciones, sin embargo el hueco de 2 mil millones de pesos no se ha podido atender; por lo anterior, en los próximos días la gobernadora Claudia Pavlovich anunciará el proceso para obtener ese recurso y entregarlo a Isssteson.
Se especula que una solución bien pudiera ser vender algunos inmuebles del Gobierno que desde el sexenio pasado fueron incluidos en un lote inmobiliaria para ser puestos en venta, ahí están los estadios de béisbol “Héctor Espino”, las casas de gobierno en Alamos –que regresó al gobierno la Universidad de Sonora–, la Casa de Gobierno en San Carlos, entre otros.
3.- Existe una industria legal de demandas de nivelación de pensiones que profundizó la crisis. Entre 2016 y 2018 se han perdido 210 demandas y por ello se pagó 213 millones de pesos; pero además hay mil 500 demandas en proceso cuyo valor estimado representan mil 523 millones de pesos.
En este punto, la estrategia para atender el tema fue acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer un criterio jurídico donde se establezca que las pensiones se van a pagar con base en las cuotas pagadas al Isssteson y no por algún otra fórmula; a la fecha ya se tienen 3 demandas ganadas, con dos más se puede lograr jurisprudencia y con ello se eliminaría un problema que representa mil 523 millones de pesos.
4.- Isssteson también tiene problemas para cumplir compromisos con proveedores y desde hace algunos años viene acumulando un pasivo que ya llega a los mil 650 millones de pesos, lo cual se traduce en que sus líneas de crédito estén casi canceladas y eso se manifiesta en la compra de medicamentos para los derechohabientes.
5.- Hay derechohabientes que cotizan durante periodos breves y cuando dejan su trabajo en los gobiernos –particularmente en los Ayuntamientos—solicitan al Isssteson la devolución de lo que se denomina “Indeminización Global”; en estos momentos hay 2 mil personas que reclaman ese fondo y el adeudo asciende a los 143 millones de pesos que no se tienen.
De todo este diagnóstico y las correspondientes soluciones que plantea Pedro Ángel Contreras López, subyace la negligencia y la indolencia con la cual atendieron el problema los últimos directores de Isssteson, pero también la mala gestión que realizó la Junta Directiva que permitió y toleró irregularidades sin meter las manos.
Ahora que el servicio puede verse afectado, es cuando todos ponen el grito en el cielo, pero la realidad es que todos son responsables.
La radiodifusión pública en riesgo.
María Teresa Velázquez Navarrete, Presidente de la RED México, organismo que agrupa a radiodifusoras y televisoras educativas y culturales en el país, fue muy clara cuando ante senadores de distintos partidos políticos expuso que los cambios aprobados por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal solamente afecta a las audiencias.
El Senado y la Cámara de Diputados determinaron la centralización de medios públicos y los pusieron bajo las órdenes de la Secretaría de Gobernación, desestimando que ya existe el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
El tema central a debate es el control de contenidos que se pretende ejercer desde la Secretaría de Gobernación, porque la nueva legislación da facultades a esa Secretaría para que regule los contenidos de los medios públicos.
Los expertos en el tema consideran como un exceso de los legisladores de Morena, pero también del Partido Verde, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, pues ahora será la Secretaría de Gobernación la que dictamine si la información cumple con criterios determinados de moralidad, los cuales serán dictados por la propia dependencia federal.
El tema es un atentado directo a la libertad de los medios públicos para seleccionar contenidos de interés para sus audiencias; busca homogeneizar la información y con ello uniforma contenidos sin dar opciones a la audiencia de escuchar o ver aquellos contenidos que más le interesen.
Otros Juglares:
–“Nos pronunciamos, junto con otras asociaciones y agradecemos este momento para expresar que debemos impedir que esta reforma pase porque es anticonstitucional, va también en contra del Artículo Sexto en su fracción V y en el apartado B, de la Ley Federal de Telecomunicaciones: “se debe crear un organismo autónomo de los medios públicos” como ya lo es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; en este punto ya dimos pasos hacia adelante, no demos pasos hacia atrás”.
Postura de la presidente de la RED México, María Teresa Velázquez Navarrete, expresada ante senadores de diversos partidos políticos en torno a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que pone a los medios públicos bajo el mando de la Secretaría de Gobernación.
Gracias por su atención, hasta el viernes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
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