El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
La constitución original del estado tiene como base brindar seguridad a los ciudadanos, es la obligación primera y por tanto una buena parte de lo que se recauda de impuestos debe tener como destino el fortalecimiento de la seguridad pública, el combate a la delincuencia en todas sus modalidades, garantizar la integridad física de las personas y la preservación del patrimonio adquirido.
Un estado jamás será rebasado por la criminalidad mientras abastezca y fortalezca sus sistemas de seguridad pública. Pero si cede en sus esfuerzos, si cambia el destino del dinero que era para combatir al crimen, lo que se verá es un exceso de delitos y el predominio del crimen organizado.
El Gobierno de México tiene una visión distorsionada de la criminalidad. Considera que con la repartición de dinero a través de sus programas sociales se inhibirá la delincuencia; considera que la pobreza es la fuente de la delincuencia y por ello si se reparte dinero no existe la necesidad de delinquir.
La pandemia y sus consecuencias en las condiciones de la economía se van a reflejar en los índices delictivos, existe una correlación directa entre el desempleo y el aumento en los delitos patrimoniales. Con tanta gente perdiendo su empleo, con empresas que cerraron para no volver a abrir, lo que se vaticina va a suceder es que la delincuencia se habrá de incrementar.
El problema se va a resentir en las instancias municipales, ya de por sí muy mermadas en sus asignaciones presupuestales e incapacitadas de ser un frente que ayude en lo referente a la prevención del delito; las corporaciones policiacas están limitadas a la simple función de controlar el tránsito vehicular, aplicar multas y detener conductores borrachos; eso les dejo sin una participación preponderante en el control de los delitos patrimoniales, y ya ni que decir de su infiltración por el crimen organizado y el pobre papel que desempeñan ante la violencia desatada en las calles.
En toda cuestión de inseguridad pública que se presenta en la sociedad, son las policías municipales las que deben ser las primeras respondientes y se estima un tiempo de respuesta óptimo de entre 8 a 10 minutos; en el caso de las corporaciones en México ese lapso de respuesta se extiende a la media hora o simplemente a la no respuesta.
De todo lo anterior se deduce la gran necesidad que tienen los ayuntamientos de apoyos presupuestales para poder fortalecer sus corporaciones municipales, brindar capacitación, adquirir el armamento necesario, las unidades motrices para mejorar los tiempos de respuesta, aumentar la fuerza de tarea en las calles y continuar con la mejora de las condiciones salariales de los policías.
La respuesta del Gobierno Federal ante ese panorama no solamente va en sentido contrario a las necesidades, también es una manifestación del desdén con el cual se atiende el problema y la forma como se deja crecer.
En el presupuesto federal del 2021 los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) simplemente fueron eliminados y eso ya es un duro revés para los Ayuntamientos de México, pero en el caso particular de Sonora afecta de manera directa a municipios como Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas y Agua Prieta, lugares donde la incidencia criminal va a la alza.
En los últimos tres presupuestos, incluyendo el del próximo año, el programa Fortaseg ha sido rasurado en sus recursos, el 2019 y el 2020 le quitaron el 20 por ciento de los recursos y para el 2021 simplemente no hay rastro de su existencia.
Para los dirigentes del PAN y del PRI, quienes además ocuparon el cargo de Secretarios de Seguridad Pública, Ernesto Munró Palacio y Ernesto de Lucas Hopkins, es desesperante la actitud del gobierno federal de quien avizoran no tiene el compromiso para resolver el problema de la inseguridad pública.
Y mientras los Ayuntamientos afectados se someten sumisamente a la situación sin alzar la voz y establecer la afectación que se hace a los ciudadanos; con un grupo de diputados federales apegados a la “línea presidencial” sin la menor intención de ser contrapeso e intentar modificar el presupuesto.
Los únicos beneficiados son los delincuentes, ellos sonríen porque les facilitan su actividad y les abren la puerta para aumentar su incidencia.
Cinco años y falta uno a CPA
Se están cumpliendo cinco años de la llegada de Claudia Pavlovich al gobierno de Sonora, la administración actual tenía el gran reto de establecer diferencias importantes con respecto a su antecesor, particularmente en materia de la buena administración de los recursos públicos y un desempeño honesto en el ejercicio de gobierno, teniendo como herramientas la trasparencia y la rendición de cuentas.
Lo que recibió Claudia Pavlovich fue una entidad sumida en el desastre y la mediocridad, un gobierno desprestigiado por la corrupción y la inoperancia; su propuesta fue un rescate paulatino y establecer cien compromisos con los ciudadanos.
Nada más para establecer puntos de comparación: el 2015 el 80 por ciento de las carreteras se encontraban en condiciones intransitables; se requería de una inversión de más de 6 mil millones de pesos para recuperarlas y tras cinco años de inversión en reconstruir la infraestructura carretera y en su mantenimiento, hoy es al revés, el 80 por ciento se encuentran en buen estado.
El rescate de las escuelas también fue un punto importante, hoy se ha trabajado en 8 de cada 10 escuelas, las protestas de los padres de familia al inicio del ciclo escolar por la carencia de instalaciones adecuadas prácticamente desaparecieron y aunque todavía existen carencias la mejoría es notoria y eso también se refleja en las calificaciones que alcanzan los alumnos sonorenses en las evaluaciones nacionales, ubicando a la entidad entre las mejor evaluadas del país.
La infraestructura hospitalaria también mejoró sustancialmente y se amplió la cobertura de los servicios médicos con la apertura de hospitales nuevos en Magdalena y Moctezuma, a lo anterior se suma la construcción del nuevo hospital de especialidades en Hermosillo y la remodelación que sufrió el Hospital General del Estado, el HIMES, además de dos decenas de centros salud que fueron rehabilitados o construidos en distintos municipios.
Las condiciones políticas cambiaron el 2018, la llegada de un gobierno federal emanado de un partido diferente al de la Gobernadora Pavlovich Arellano y la pérdida del control del poder legislativo en Sonora, avizoraban un panorama complicado, pero con cierta dosis de habilidad política y con muchas acciones de relaciones públicas, al final ha logrado transitar en medio de todos los cambios y las adversidades políticas.
Si bien el gobierno de Claudia Pavlovich es marcadamente mejor que el de su antecesor, también adolece de algunos compromisos incumplidos y el más sentido es el referente a que quienes se enriquecieron a costa del erario público no gozarían de la riqueza mal habida, pero en la realidad, nada se recuperó y esos políticos no solamente gozan de ese dinero, algunos inclusos mudaron de partido y ahora ofrecen un frente que amenaza con volver a gobernar.
Otros Juglares:
–“Demuestren su verdadero compromiso con Sonora en su tercer y último paquete fiscal que les toca aprobar, no sigan guardando silencio complaciente mientras el presidente López Obrador sigue cerrando la llave del presupuesto para Sonora”.
Llamado hecho por el dirigente del PAN, Ernesto Munro Palacio a los diputados federales por Sonora, todos de Morena, para que defiendan a los sonorenses y modifiquen el paquete económico para la entidad gestionando recursos para el estado y sus municipios.
Gracias por su atención, hasta el martes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
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