El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
En Sonora el libre tránsito por sus carreteras no es una garantía; no solamente se trata de un tema de inseguridad pública, que existe, sino también que se ha vuelto una moda para ciertos grupos tomar el control de las carreteras y no permitir el tránsito de viajeros, trasportistas y con ello afectan el paso de mercancías y productos, sobre todo los que van a Estados Unidos.
Desde hace varios años, un grupo de la etnia yaqui mantiene bloqueada la carretera en la zona por donde la carretera internacional de Cuatro Carriles pasa por su territorio; alegando que se trata de un acto de justicia, los Yaquis han instalado retenes de cobro donde los usuarios de la carretera están obligados a aportarles dinero.
El caso más patético es el retén instalado frente al Danzante Yaqui, a unos kilómetros de la caseta de peaje; ahí se instaló un grupo que no precisamente de la etnia y con manifestaciones de violencia obligan a los trasportistas a tener que pagar cuotas de hasta 200 pesos para poder seguir su camino.
Existen muchas evidencias documentadas de que en ese lugar se utilizan armas para amagar a los trasportistas, el cobro se hace de manera violenta y hasta tienen el apoyo de la policía municipal de Cajeme, pero no existe autoridad que se anime a cumplir la ley y garantizar el libre tránsito.
La inseguridad pública también genera efectos negativos en algunas regiones; en Caborca se han dado casos del cierre de la carretera luego de que grupos de criminales, al momento de huir de las autoridades, tiran sobre la cinta asfáltica los denominados “poncha llantas”, artilugios que se clavan en los neumáticos y generan pinchaduras por lo cual los camiones no pueden seguir rodando.
El caso más reciente es el bloqueo que realiza el grupo de mineros de la sección 65 del sindicato de mineros de Cananea en la salida de la población de Ímuris, lo cual genera largas filas de tractocamiones varados en la carretera Ímuris-Cananea y que se ha prolongado por varios días con la afectación al trasporte de mercancías, de pasajeros y viajeros.
En represalia por “el atorón”, grupos de trasportistas determinaron bloquear el tránsito carretero que circula entre Cananea y Agua Prieta, generando así otro “cuello de botella” que ahorca el libre tránsito por las carreteras de Sonora.
Que grupos de la etnia yaqui cobren peaje de manera violenta en el tránsito por la Cuatro Carriles afecta a los productores agrícolas de Sonora y Sinaloa que exportan su producción agrícola a Estados Unidos; los “taponamientos” en la zona de Caborca afectan la única vía de comunicación terrestre entre Sonora y Baja California; mientras que bloquear el flujo de vehículos en el tramo Imuris-Cananea y Cananea-Agua Prieta genera afectación en la comunicación terrestre con Chihuahua.
El libre tránsito es un derecho de los ciudadanos y los bloqueos a las carreteras es un delito de tipo federal que debe ser castigado, pero está visto que antes de una sanción, el gobierno opta por acciones menos coercitivas, sin importar el impacto que tienen esas acciones en la economía y en la paz social de la entidad.
Ciertamente que los más afectados son los trasportistas y el impacto no lo sienten los ciudadanos, salvo que tengan la necesidad de utilizar esas vías comunicación y las encuentren bloqueadas; pero es importante empezar a poner freno a ese tipo de manifestaciones, no solamente por los inconvenientes que generan y las pérdidas económicas que de ellos derivan, también por la importancia de que se perciba un estado de derecho que se hace respetar por parte de las autoridades.
Los “estrangulamientos” de las carreteras de Sonora –sea por protestas sindicales, de reivindicación étnica o por temas de inseguridad pública– tienen un alto impacto porque se trata de las únicas vías terrestres que tienen los productores para hacer llegar sus mercancías al gran mercado de Estados Unidos y cualquier retraso o alteración en las condiciones de tránsito tiene efectos económicos para ellos y exhibe la indolencia y permisividad de las autoridades, que prácticamente los dejan solos con el problema.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- Dado que el bloqueo carretero en Imuris es un problema generado por demandas que tienen que ver con asuntos laborales que se mueven en el ámbito federal, fue necesario la intervención del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
El gobernador Alfonso Durazo agradeció la intervención de ambos funcionarios del gobierno federal y más allá de atenderlos en la Ciudad de México, no se informó si esa intervención logró retirar el bloqueo carretero.
2.- El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez anunció ayer el programa “Hogar Solar”, cuyo objetivo es ayudar a familias para que mejoren su calidad de vida, de manera ecológica y sustentable, instalando paneles solares en viviendas con historial de altos consumos de energía eléctrica.
En una primera fase de este programa se cuenta con un fondo de 3 millones de pesos, los cuales financiarán con un 15 por ciento de la inversión inicial para que familias de Hermosillo puedan instalar en sus viviendas paneles solares, se trata de una primera etapa donde se contempla financiar a 100 familias y con ello reducir su gasto de electricidad.
Bajo la consigna de que es mucho más fácil ahorrar energía que generarla, también se anunció que el program “Hogar Solar” –único a nivel nacional–, también implica acciones como el aislamiento térmico, la instalación de focos ahorradores, diagnósticos individualizados de consumos y eventuales fallas con propuestas de mejoras.
Ahora, si hay algo que reclamar es que cien familias son muy pocas y todavía no se sabe cuál mecanismo utilizaron para seleccionarlas.
3.- Primero fue Andrés Cano Ahuir, el titular de Seguridad Pública en Guaymas que renunció ante los pocos resultados logrados en la materia y tras de ser el objetivo de un atentado que costó la vida a otras personas, de ese atentado derivó una investigación policiaca que todavía no arroja resultados aunque de esos hechos ya pasaron más de dos meses.
Otro de los militares que recién dejó la titularidad de Seguridad Pública, pero ahora en Cajeme, es Cándido Tarango, quien también llegó con cartas credenciales que lo avalaban como un excelente operador militar, pero que fracasó rotundamente en la encomienda y solamente fue testigo de como Ciudad Obregón logró convertirse en la ciudad más violenta de México.
Tanto Cano Ahuir como Cándido Tarango forman parte de la estrategia planteada por Alfonso Durazo de militarizar las jefaturas de seguridad pública municipal y son el claro ejemplo de como ese proyecto resultó un completo fracaso.
Cano Ahuir y Cándido Tarango no solamente no pudieron resolver el problema de seguridad pública, al final terminaron siendo parte del mismo y su incapacidad los llevó a ser mudos testigos del crecimiento de las bandas del crimen organizado a las cuales no les hicieron el más mínimo rasguño.
Otros Juglares:
–“El gobierno no debe ser faccioso, no puede representar, como era antes, a un partido. El gobierno es de todos. Queremos que México se exprese en el mundo como es: plural”.
Lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al defender que dos ex gobernadores del PRI, entre ellos Claudia Pavlovich, sean considerados para ocupar cargos consulares en el Servicio Exterior de México.
Gracias por su atención, hasta el lunes si Dios quiere. ¡Salud!
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