El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
En estos días se ha desarrollado la V Cumbre de Gobierno Abierto y uno de los temas en donde más han abundado las ponencias es en la relación tan estrecha que guardan la libertad de expresión y el acceso a la información pública, es más la conclusión es que no puede haber libertad de expresión sin un auténtico acceso a la información pública.
De esta primera conclusión se deriva una segunda: a mayor publicidad de la información, menores son los márgenes de corrupción y es en este punto donde se insertan organismos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) como la institución garante del derecho a saber que tienen los ciudadanos.
Teniendo acceso a la información pública podemos romper el secretismo que priva al interior de los gobiernos y de las instancias públicas; también se combaten los actos de discrecionalidad que favorecen a grupos políticos o familiares de quien gobierna.
El presidente Andrés Manuel López Obrador viene repitiendo que el INAI no sirve para nada, pero en la realidad temas como el de “La Casa Blanca”, “el país de las mil fosas, Las muertes que no se ven: el limbo de los feminicidios” son precisamente producto de la existencia de este organismo que es una herramienta ciudadana para abrir la cerrazón gubernamental.
Y en este punto se debe precisar que el INAI es también un instrumento de información al que acuden medios y periodistas para hacer palanca y abrir ese caparazón gubernamental que se cierra y esconde todo aquello que lo puede comprometer o que implica corrupción.
Por ello es que la libertad de expresión y el acceso a la información caminan de la mano; no es una concesión graciosa ni se trata de una casualidad que la creación del INAI coincidió con un periodismo mejor documentado y con esto se fomentó la investigación y se destaparon importantes casos de corrupción.
El acceso a la información no es un acto que vaya en contra de Morena o del presidente López Obrador, la realidad muestra que gobiernos del PRI, del PAN o de cualquier color o filiación ideológica pueden ser observados con mayor claridad si se puede acceder a la información pública que generan.
Si el acceso a la información pública es un lastre que molesta a los gobernantes, lo es todavía más una prensa capaz de acceder a esa información; por eso, tampoco es una cuestión de azar que los ataques a la libertad de expresión van ligados a la violencia sociopolítica y la alerta se enciende porque anualmente crece en un 10 por ciento las agresiones contra periodistas.
A este punto se agrega otro: la impunidad. En la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, existen 50 mil procesos abiertos –algunos con más de una década–, pero el 97 por ciento no ha llegado a una sentencia, incluso en muchos de ellos –más del 60 por ciento, no existe avance alguno–.
De cada 10 ataques contra la prensa, cuatro vienen directamente de personas que ejercen una función pública dentro de algún gobierno; la delincuencia organizada tiene presencia pero el porcentaje que le corresponde oscila entre el 8 y 10 por ciento; pero los que ponen a la prensa contra la espada y les dan la puñalada son quienes forman parte de los gobiernos, sobre todo los de niveles estatales y municipales.
Luego entonces, está muy claro que el INAI no solamente es un organismo de alto valor social, es también la llave que abre la cerrazón gubernamental y que permite, primero a los medios y luego a los ciudadanos, poder observar el uso de los recursos públicos, el decoro o la corrupción con la cual se administran y establecer parámetros para evitar que los bienes de la nación sean saqueados.
Y lo que no puede suceder es que a los ciudadanos se les niegue su derecho a observar al gobierno y a la prensa su derecho inalienable de informarle.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- Luego del accidente que se presentó en la llamada “Feria de las Flores” que organiza el ayuntamiento de Nogales y donde tres personas resultaron lesionadas, afortunadamente ya sin riesgo mortal para ellos; la conclusión es que todo se debió a un problema “de la computadora” con la cual se operaba el juego mecánico.
Esta explicación es como esa de que los culpables del derribo de la Línea 12 del Metro fueron los pernos; la realidad es que detrás del mal funcionamiento de una máquina, sea el juego mecánico o la computadora que lo controla, existe una falta de supervisión y de mantenimiento, es decir dos aspectos que son competencia exclusiva de alguna persona.
Se entiende que el Ayuntamiento de Nogales operó de tal forma para que se diluyera la responsabilidad que le corresponde y que no se le criticara por esa falla catastrófica en un evento que ellos organizaron, pero más allá de si Juan Gim Nogales, el alcalde de aquella ciudad fronteriza, puede respirar tranquilo, lo cierto es que la falla de su equipo de trabajo puso en riesgo la vida de muchas personas y aunque no tenga ninguna consecuencia, eso no lo deja de hacer responsable por su omisión.
2.- Por más intentos que hizo el gobernador Alfonso Durazo para tratar de minimizar la salida de Cuauhtémoc Galindo de la titularidad del ISIE, fue evidente que no tuvo el menor asomo de ser cálido y menos elogio el trabajo de su antiguo aliado.
Eso sí, dijo que la salida no tenía nada que ver con actos de corrupción y si este fuera el caso estaría informándolo de manera oportuna.
El asunto es que a ningún funcionario del gobierno de Alfonso Durazo le habían echado montón con la Secretaría de la Controlaría y la Fiscalía Anticorrupción llegando a sus oficinas y obligándolo a presentar la renuncia junto con el resto de su equipo de trabajo.
Lo que pasó con Cuauhtémoc Galindo, es inédito e histórico, porque no hay antecedentes de que un funcionario que fuera echado a la calle con la fuerza pública, obligándolo a entregar claves de acceso digitales y negándoles la posibilidad de poder sacar algún documento.
Pero donde de plano si dio risa el gobernador fue cuando dijo que desconocía los motivos de la renuncia, que no estaba informado. Es decir, la Secretaría de la Controlaría y la Fiscalía Anticorrupción se mandan solas y no le avisan que van a ir tras uno de sus funcionarios. ¡Si Chuy!.
3.- Tal y como se esperaba, los gobernadores de la 4t no solamente fustigaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego que le diera palo a la primera parte del Plan B del presidente López Obrador –un preludio de que la segunda parte también será echada abajo–, sino que hasta se mostraron de acuerdo en una reforma al poder Judicial.
Por supuesto que ahí va la firma del gobernador Alfonso Durazo en una acción que viene siendo una constante que simplemente no sirve de mucho, solamente es un acto que muestra acompañamiento con el presidente López Obrador, pero también exhibe que los gobernadores firmantes están de acuerdo con las ilegalidades que se proponen.
4.- Se les acabó la paciencia a los productores de trigo y maíz, tanto de Sonora como de Sinaloa, por eso es que van a intensificar sus acciones de protesta y este jueves sale un contingente de trigueros sonorenses a Topolobampo para unirse a la protesta que realizan productores de maíz de Sinaloa en ese lugar.
Se dijo que el precio sería de 310 dólares por tonelada y eso parecería una buena noticia, pero resulta que al precio de cambio actual eso apenas representa un aumento de 49 pesos sobre los 5 mil 500 pesos que se ofrecían originalmente, con eso no se les ayuda prácticamente nada.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, les pide paciencia, pero la realidad es que tienen semanas escuchando que ya pronto les darán solución y lo que les han ofrecido son nimiedades que en nada les ayuda a solventar su situación, de ahí que ya no estarán pasivos esperando que el gobierno federal les responsa.
Las acciones incluyen movilizaciones en Ciudad Obregón, la toma de las instalaciones de la SADER, una conferencia de prensa en la Ciudad de México, acciones de presión como bloqueos. El caso es que quieren darle mayor visibilidad a sus acciones de presión y que la atención a sus demandas sean más expeditas por el gobierno federal.
Otros Juglares:
–“El Plan B de la reforma electoral, presentada por el presidente y respaldado por la mayoría en el legislativo, constituía la oportunidad de fortalecer la democracia, de forma austera y eficiente, además de impulsar un INE realmente imparcial que no respondiera a la simulación y a intereses particulares”.
Una parte del desplegado mentiroso que firmaron gobernadores, gobernadoras y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, todos de Morena, apoyando al presidente López Obrador y convalidando las ilegalidades cometidas, razón por la cual la SCJN echó abajo toda esa primera parte del llamado Plan B y que generó una furiosa reacción del Ejecutivo y sus aliados políticos.
Gracias por su atención, hasta el viernes si Dios quiere. ¡Salud!
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