El Juglar de la Red 

 

Por Rafael Cano Franco 

 

Uno de los grandes problemas en México es hacer como que se hace algo para solucionar problemas, pero realmente no se hace nada; esa simulación es muy socorrida por quienes gobiernan, aparentan estar interesados en resolver problemas, y con ello se dan la oportunidad de ganar espacios y se deja la sensación de una gran preocupación por atender problemas particulares de determinados grupos vulnerables. 

El gobernador Alfonso Durazo Montaño y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, firmaron un convenio de coordinación y colaboración con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y junto con ellos estuvo el titular de ese mecanismo, Enrique Irazoque Palazuelos. 

Se puede decir que es mejor tener “El mecanismo” a no tener nada; pero en términos efectivos es precisamente eso: ¡nada! 

Con los gobiernos anteriores, ese “mecanismo” no funcionó; fue insuficiente para atender la violencia en contra de periodistas o defensores de los derechos humanos, esto sucedió por la carencia  presupuestal que siempre lo afectó y el manejo centralista que lo volvió inoperable; ahora, en el gobierno federal de la 4T, los recortes presupuestales lo han dejado como un mero ornato; como un instrumento de simulación. 

Ante esa situación y los reclamos constantes de su inoperancia es que ahora se busca que sean los estados quienes establezcan el mecanismo a nivel local; el problema es que todo queda en el convenio, pero no existen partidas presupuestales para soportarlo. 

De acuerdo al convenio firmado entre el gobierno de Sonora y el gobierno federal, se va a crear una unidad estatal mediante la cual se pretende defender a los periodistas y a las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, algo que queda en la esfera de la Secretaría de Gobierno. 

Más allá de la buena intención que puede existir, y que no se desprecia, por el contrario se agradece, es oportuno precisar que para un buen funcionamiento de ese mecanismo, lo primero que se debe hacer es convocar a los integrantes de los grupos que pretende proteger. 

Si quieren que realmente funcione y sirva, es necesario conocer la opinión de los gremios; la firma de acuerdos y convenios en las alturas, generalmente tienden a ignorar las particularidades de los problemas de los periodistas –ignoro si lo mismo pasa con los defensores de derechos humanos–, eso determina que la buena intención no se traduzca en acciones efectivas. 

Si no se quiere que “el mecanismo” sea una mera simulación, como viene sucediendo; pero además si realmente se quiere establecer un método efectivo de defensa y cuidado del gremio periodístico, lo primero que se debe hacer es consultarlo con los comunicadores, conocer sus experiencias, informarle de las acciones y capacitarlo en los procesos para acceder al programa. 

Es menester recordar que ese “mecanismo” ha sido omiso en atender demandas de periodistas en Sonora y esa omisión derivó en que ellos terminaron asesinados, también es bueno recordar que su efectividad al momento de investigar las agresiones tiene un porcentaje de inefectividad del 99 por ciento. Es decir no resuelve nada y su incapacidad genera impunidad. 

No son números que corresponden solamente a este gobierno, los comparte con las administraciones predecesoras; eso indica que no se avanzó mucho y se siguen con las mismas fórmulas de trabajo, es decir se trata de un “mecanismo” que nació solamente de la voluntad gubernamental pero sin convocar a los eventuales usuarios para que expusieran sus puntos de vista.  

A la fecha nunca se ha convocado al gremio para afinar los procedimientos, redefinir los alcances o simplemente para evaluar su efectividad. 

No se desprecia de entrada “el mecanismo”, simplemente se establece que de seguir con los mismos procedimientos aplicados a la fecha, los resultados no van a aparecer y eso lo mantendrá en esos programas bienintencionados que no sirven para nada. Será mera simulación y más burocracia para favorecer la impunidad. 

 

Tips cortitos pa´no enfadar: 

1.- Este jueves se cumplen dos semanas del atentado en Palacio Municipal de Guaymas donde perdieron la vida tres personas; por más acciones que las autoridades dicen están realizando, la realidad es que no hay avances. 

El gobernador Alfonso Durazo, salió el miércoles a repetir una serie de acciones que ya había sido dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia: repitió las acciones de cateo y hasta aseguró que había 7 personas detenidas –el número llegó a ser de once, pero ya soltaron a 4 que no tenían relación alguna con los trágicos eventos–, pero de resultados no dijo nada, se limitó a asegurar que el crimen no quedaría impune. 

Pero en concreto simplemente no tienen un avance sustancial: no hay un grupo criminal al que se involucre; no hay indicios que lleven a considerar se tiene identificados a los autores materiales e intelectuales de la agresión y los detenidos poco le han aportado a las investigaciones. 

 

2.- Pues lo hemos comentado en otras colaboraciones, pero al parecer nadie tiene la fórmula para atender medianamente las demandas de la etnia yaqui y esa desatención lo único que genera es bloqueos carreteros y gente armada intimidando a los usuarios de esa rúa federal. 

Hace unos días, uno de los vigilantes que están ahí para cobrar el derecho de peaje, accidentalmente sufrió una herida de bala al disparársele el arma que portaba; ayer, el bloqueo afectó a usuarios y a las empresas de trasporte de personas que no podían transitar al estar bloqueado el paso. 

El gobierno federal y el estatal han anunciado inversiones que llegan a los 11 mil millones de pesos en diversas obras y acciones para favorecer a la etnia yaqui; piensan que esa es la solución, pero al parecer no entienden que se pudieron ahorrar ese dinero si solamente acuerdan y les dan dinero “para la fiesta”. 

 

3.- Un dato aterrador respecto a la inseguridad pública es el de los menores que han sido asesinados en el lapso de enero a agosto de este año en México; estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que fueron asesinados hasta sumar más de 700 en ese tiempo. La cifra parece insignificante con respecto a la población del país, pero toma relevancia desde el momento que es la más alta registrada para cualquier gobierno que se tenga historia. 

Pero hay algo más, se tiene registro de que el número de menores de edad desaparecidos llega a los más de 3 mil 800, de estos más de mil 700 no se tiene información respecto de su paradero y se teme sean utilizados por los cárteles o grupos criminales. 

El asunto no es menor, ni debe menospreciarse, se trata de niños que en muchos casos son privados de oportunidades de educación, de un ambiente sano para desarrollarse, de perder oportunidades y de no disfrutar su niñez. 

Pero lo más grave es la incertidumbre de sus padres y madres, que a pesar de buscar ayuda para localizarlos se estrellan en la burocracia policiaca y en la carencia de mecanismos de protección efectivos. 

 

Otros Juglares: 

–“Sonora no cuenta en este momento con una Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y es motivo precisamente de la firma de este acuerdo: el compromiso por parte del gobierno del estado, de constituir, de organizar esta Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos. El Gobierno de Sonora, en coordinación con el Mecanismo diseñará una política estatal de prevención contra agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. 

Lo dijo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño al firmar el convenio para consolidar una unidad estatal para defender a quienes ejercen el periodismo y a los defensores de los derechos humanos. Veremos si el diseño de la política estatal es unilateral o se convoca a los periodistas y defensores de derechos humanos para conocer su opinión y tomarla en cuenta. 

 

Gracias por su atención, hasta el viernes si Dios quiere. ¡¡Salud!! 

 

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